Confrontados con perturbaciones macroeconómicas recurrentes, los gobiernos de América Latina y el Caribe se han preocupado cada vez más de establecer o fortalecer sistemas de protección social y programas de redes de seguridad. El objetivo de estos programas es contribuir a mitigar el impacto de tales perturbaciones (shocks) sobre los pobres antes de que ocurran, y ayudar a los pobres a enfrentarlas una vez que han ocurrido. Este artículo se centra en las redes de seguridad financiadas o prescritas por el sector público que funcionan como mecanismos para enfrentar riesgos, examina las características de una red de seguridad satisfactoria, comparando los principales tipos de redes de seguridad que existen actualmente, y en general concluye que ningún programa satisface todos los criterios de eficiencia y eficacia, aunque algunos son mejores que otros. Por último, ¿se ha logrado verdaderamente proteger a los pobres mediante la focalización del gasto público durante las crisis? El artículo observa que debido a las restricciones fiscales que impone una crisis, el gasto social suele ser procíclico cuando en teoría debería ser anticíclico. Lo paradójico es que el propio gasto en protección social no parece estar protegido.