Al reformar los sistemas de pensiones, los argumentos que se utilicen deben examinarse con atención, por cuanto las modificaciones pueden tener importantes costos económicos, sociales y políticos. Las reformas que se están llevando a cabo en la región reflejan este dilema, y resultan de varios compromisos con el nuevo sistema en torno a: i) el grado en que los beneficios que otorga el sistema y la administración de sus fondos de reserva queden aislados del proceso político; ii) la necesaria regulación y supervisión de los mercados con los cuales el sistema interactúa para intermediar financieramente sus fondos; (iii) la adecuada combinación de recursos fiscales y excedentes de fondos previsionales que se destinarán a pagar la deuda contraída con el sistema antiguo y las pensiones mínimas; iv) la provisión de esquemas de seguros contra contingencias de invalidez y sobrevivencia, y contra las posibles fluctuaciones del mercado financiero, así como la opción de rentas vitalicias; v) la necesidad de suministrar información para que los afiliados tomen sus decisiones individuales en plena libertad, y vi) la garantía de un mercado de capitales con una combinación adecuada de instrumentos financieros que protejan al sistema contra los riesgos de la inflación.