Fruto de la revolución mexicana, el ejido fue creado con múltiples propósitos: lograr el control político del campesino, representarlo en sus relaciones con el Estado y prestar asistencia para la producción de los minifundistas. Estos múltiples objetivos, al comienzo conciliables y base de una fructuosa etapa de crecimiento económico y de mejoramiento del bienestar, fueron haciéndose cada vez más contradictorios, lo que precipitó una crisis de grandes proporciones tanto en la producción como en el bienestar rurales. Ya en 1992, año en que se enmendó el artículo 27 de la Constitución de 1917, el ejido se caracterizaba por una fuerte intervención estatal en sus asuntos internos, incluso en sus mecanismos de toma de decisiones, en las condiciones de acceso a los recursos públicos y en la administración del sistema de bienestar rural. Fue esta misma decadencia del sistema del ejido, en el contexto global de la liberalización política y económica, que aconsejó las profundas reformas iniciadas por el Presidente Salinas. Entre las reformas figuran la redefinición de las relaciones entre el Estado y las unidades familiares del sector ejidal, la reestructuración de las instituciones públicas que atienden al sector, la reforma del marco jurídico que regula el acceso a la tierra y la modificación de los instrumentos de la política agraria. En el presente estudio describiremos el impacto inicial de estas reformas sobre el sector ejidal.