Un aspecto de la globalización que los países de América Latina y el Caribe tendrán que afrontar es el incremento de las restricciones al comercio basado en razones ambientales. No se puede atribuir a la casualidad que la primera diferencia dirimida por el nuevo Organo de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que empezó a funcionar en febrero de 1996, fuese una controversia ambiental y que implicase a los Estados Unidos y a países de América Latina. Dos tendencias -por un lado economías más abiertas y rápido crecimiento del comercio internacional, y por otro el hecho de que la comunidad internacional reconozca en mayor medida las "responsabilidades ambientales", lo que se expresa en diversos acuerdos multilaterales ambientales- han puesto sobre el tapete dos interrogantes: ¿Son las restricciones comerciales un instrumento eficaz para poner en práctica las políticas ambientales? ¿En qué medida se puede decir que las restricciones ambientales están modificando el comercio y la competitividad a nivel internacional? Quienes formulan las políticas responden de hecho a estas preguntas de manera contradictoria, al tiempo que sólo ahora comienzan a realizarse estudios empíricos para evaluar el efecto de las medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente y las medidas ambientales vinculadas con el comercio.