En este artículo se analiza el proceso mediante el cual la experiencia de violencia doméstica llega a constituirse en Chile en tema de debate y en un problema público que se incorpora a la agenda institucional del Ejecutivo y del Legislativo, dando lugar a programas de prevención y servicios públicos de atención a la violencia y a la promulgación de una ley contra la violencia intrafamiliar en 1994. El análisis pone de manifiesto el carácter dinámico y complejo del proceso, cuyo curso y resultados no estaban ni podían estar determinados a priori. Los problemas públicos no existen por sí mismos como meros fenómenos objetivos, sino que son construidos por actores que se mueven en distintos escenarios, intercambiando y confrontando discursos que se sustentan en marcos interpretativos variados. En el proceso es posible distinguir diferentes fases, según las características y oportunidades ofrecidas por el sistema político e institucional, los distintos tipos de actores participantes, los recursos organizativos con que éstos cuentan, la estructura de los vínculos que establecen entre ellos y los marcos interpretativos que orientan lo que hacen los actores. Desde esta perspectiva, la elaboración de las experiencias de violencia como problema público es a la vez la historia de la constitución de las mujeres como sujetos sociales, de sus organizaciones, de sus estrategias para movilizar el tema en distintos contextos políticos y de la difusión de nuevos discursos y propuestas sobre las relaciones de género.