Desde el decenio de 1970, los gobiernos de la región han venido transfiriendo, de una forma u otra, empresas públicas y otras instituciones estatales al sector privado. La privatización ya se ha extendido a todos los sectores de la economía, incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado. La participación del sector privado en la prestación de estos servicios puede traer consigo importantes mejoras de eficiencia pero no garantizará, por sí sola, una mejora duradera del bienestar social, porque estos servicios no se prestan en un mercado competitivo. Por lo tanto, los resultados dependerán del régimen de regulación en el que actúen las industrias, régimen cuya eficacia estará determinada por la capacidad de los gobiernos de buscar y crear condiciones institucionales y regulatorias que obliguen a que las empresas proveedoras sean eficientes y se hagan eco de las necesidades de sus clientes. El presente artículo se concentra en las cuestiones que han de abordarse al preparar un marco regulatorio adecuado para el sector del agua potable y alcantarillado.