El gasto público militar (GPM) se ha analizado poco en la región, principalmente por razones de orden político, las que también limitan el acceso a la respectiva información. Sin embargo, a raíz de diversos acontecimientos, empieza a ser objeto de análisis económico, tanto por los gobiernos como por los organismos multilaterales, sobre todo en lo que se refiere a cuál es su nivel apropiado (¿cuánto es suficiente?) y su costo de oportunidad (¿cuál es su impacto económico directo e indirecto?), así como a un un sistema de adquisición de armamento que sea eficaz en relación con sus costos (¿cuál es su efecto por unidad monetaria?). Según la estimación más conservadora, basada en la información oficial sobre gastos en defensa de los países en que ella está disponible, el GPM de América Latina y el Caribe llegó a 1.3% del PIB, cerca de 25.000 millones de dólares a mediados de los años noventa, y su participación media en el gasto de los gobiernos centrales en la región alcanzó a 9.7%. Los gobiernos centrales de la región gastan un promedio de 1 dólar en defensa por cada 1.1 dólares de gasto directo en educación y 0.9 dólares en salud. Al igual que ante cualquier otro gasto público, corresponde abrir un debate sobre la eficacia y eficiencia del GPM en relación al proceso de desarrollo en general y a su impacto económico en particular. Si bien no existe una respuesta precisa a la pregunta de cómo proveer la cantidad exacta del bien público que es la defensa, su provisión excesiva representa un gasto improductivo. Es difícil justificar la importación de armamentos sofisticados, si el equilibrio vecinal o regional se restablece, sólo que a un nivel de gasto más alto. Por otra parte, el costo de oportunidad del GPM es a todas luces elevado, mientras que las externalidades positivas que genera pueden lograrse mediante otro gasto público que lleve a cabo otro servicio, más especializado.