En este artículo se revisa la institucionalidad formal para la
aplicación de las políticas de desarrollo rural en Guatemala, que derivó
de la modernización del Estado promovida mediante los Acuerdos de
Paz. La tesis principal es que las políticas de desarrollo rural serán
más eficientes si se fundamentan en la institucionalidad a que dichos
acuerdos dieron lugar, en la que se diferencian tres niveles de gobierno:
central, desconcentrado y descentralizado. En los dos últimos se ejecuta
el 43% de la inversión pública total. El gobierno central debería focalizar
el presupuesto en los territorios pobres, disminuir el gasto en subsidios
privados y aumentar la provisión de bienes públicos. En cuanto a los
niveles desconcentrado y descentralizado, se ha demostrado la eficacia
del enfoque territorial como medio para la generación de políticas, pero
es preciso que la planificación territorial se realice a partir de pactos
político-sociales entre los actores locales.