En este artículo se analizan las relaciones entre la competitividad de una economía y las respectivas regulaciones laborales. Se argumenta que la teoría económica no es concluyente respecto del impacto de las regulaciones laborales en la competitividad, ya que diversas corrientes sostienen posiciones contradictorias en muchos aspectos. Por otra parte, las investigaciones empíricas han mostrado la escasa relevancia de la información aportada sobre esas presuntas vinculaciones. De lo anterior se desprenden consecuencias de política: los países tienen ante sí diversas estrategias y mayores márgenes de maniobra de lo que suele sugerirse, ya que muchas políticas destinadas a mejorar la equidad no necesariamente significan restricciones a la competitividad. Un país puede, por tanto, elegir el nivel deseado de protección social. El mejoramiento de la competitividad se convierte, en parte al menos, en un tema de distribución del ingreso. La receta más convencional postula la reducción de la calidad de vida de los trabajadores por un período cuya extensión es difícil prever, con el fin de dotar a las empresas de ciertas condiciones iniciales que les permitan compensar las diferencias de productividad. Pero esta receta no es la única ni es la más equitativa o eficaz. Para generar esas condiciones se pueden diseñar esquemas de redistribución del ingreso que hagan atractiva la inversión para competir internacionalmente sin recurrir a nuevas erosiones de las remuneraciones de quienes fueron precisamente los más afectados durante los últimos años de aplicación de los modelos sustitutivos. El análisis efectuado sugiere que son amplios los márgenes de libertad para optar entre diversas combinaciones de equidad y eficiencia, y que su selección depende de las relaciones de fuerza de los diversos actores sociales y de la estructura del Estado.