Las reformas a los sistemas de pensiones intentan compatibilizar funciones sociales y económicas. Este artículo ilustra, a partir de aspectos conceptuales y de la experiencia chilena, las dificultades para lograr que una reforma garantice el cumplimiento de ambos tipos de funciones. Las dificultades emanan de dos consideraciones: i) la necesidad de considerar la reforma al sistema previsional en su conjunto, donde paralelo al componente de capitalización se desarrolla otro componente de reparto para financiar los costos de la transición de un sistema de pensiones a otro, las pensiones mínimas y las pensiones asistenciales; y ii) la necesidad de distinguir entre ahorro financiero y real (o nacional en el sentido de cuentas nacionales) y de estudiar el sector financiero en su capacidad de intermediar ahorro financiero hacia la inversión real. El caso chileno confirma esta apreciación. Los recursos fiscales para financiar el costo de la transición y los otros rubros del componente de reparto representan flujos superiores a los que provienen de las contribuciones de los trabajadores, lo que afecta el tamaño y la composición de los flujos netos de ahorro generados por la reforma. De otra parte, el carácter emergente de los mercados de capitales y la regulación necesaria para garantizar la protección de los fondos de pensiones de los trabajadores en un enfoque de cartera de inversiones dificultan la transformación de ese ahorro financiero en inversión real. En definitiva, si bien ambos tipos de funciones contienen objetivos deseables de las políticas públicas, la simple reforma de los sistemas de pensiones para que pasen de un sistema predominantemente de reparto hacia otros con importantes componentes de capitalización, no es garantía de que ello ocurra.