Desde hace casi veinte años el sector transporte terrestre de varios países latinoamericanos ha experimentado cambios institucionales muy significativos, tanto con la participación del sector privado como con la flexibilización de la reglamentación económica, originando nuevas necesidades de regulación del mercado en general y de las entidades productoras en particular. Los cambios más importantes se dieron en el transporte ferroviario y autobusero, y en la infraestructura para el transporte carretero. Dentro de la región, tuvieron lugar primero en Chile y revirtieron el anterior predominio de la intervención estatal como parte de un modelo de desarrollo que había comenzado a agotarse. Tras los procesos de privatización, la empresa privada concesionaria de un ferrocarril o una carretera puede ejercer algunos poderes anticompetitivos, no sólo discriminando injustificadamente entre los usuarios de sus servicios sino también desincentivando la producción económica o desviando el transporte a otro medio de un costo real superior. Conviene entonces que los contratos de concesión restrinjan las posibilidades de que el concesionario aproveche dichos poderes en su propio beneficio y en contra de los intereses de la comunidad, y que a la vez mantengan los incentivos para que eleve su eficiencia. La desreglamentación de un mercado podría llevar a que un operador dominante, o un grupo de operadores, use su influencia o capacidad financiera para eliminar la competencia, lo que las leyes antimonopolios deberían poder impedir. Sin embargo, a veces éstas deben reforzarse, por ejemplo, con la facultad de aplicar a los infractores medidas punitivas o disuasivas. Además, en el transporte colectivo de ciudades grandes la desreglamentación puede conducir a costos sociales innecesarios, como externalidades relacionadas con la congestión o la contaminación atmosférica. En este caso, la licitación de las concesiones de explotación de los servicios podría ser la solución más indicada. Las concesiones de corta duración favorecen la competitividad del mercado, mientras que las más largas impulsan a los concesionarios a invertir en la actividad. Un sistema óptimo de concesiones podría involucrar el concepto de leasing de instalaciones fijas y de equipo rodante de larga vida.