A fines de los años cincuenta, Cuba presentaba una estructura económica con marcados rezagos tecnológicos e insuficiente desarrollo industrial. El dinamismo de la producción y las inversiones era bajo, en tanto que la distribución del ingreso revelaba sesgos concentradores marcados. Durante el período 1959-1989 el producto aumentó a una tasa media anual aproximada de 4% y la política económica asignó al Estado un papel relevante en la producción de bienes y servicios, con marcado predominio de la planificación sobre los mecanismos del mercado en la regulación de la actividad económica. En esa etapa, la economía experimentó trascendentes modificaciones de sus bases productivas, aun cuando repitió muchas de las deficiencias comunes de los países socialistas: sobredimensionamiento de proyectos, incorporación de tecnologías atrasadas y descuido de la competitividad. Así, durante tres décadas Cuba se mantuvo al margen de las enormes transformaciones que se sucedían en los mercados de Occidente. Al amparo de los arreglos con los países socialistas, el país contó con mercados seguros para sus exportaciones, una relación de intercambio favorable (algo menos en los años ochenta) y un generoso financiamiento de la balanza de pagos. Con ineficiencias notorias, se incrementó el acervo de bienes de capital y se expandió la infraestructura física; se amplió la capacidad de embalses de agua, se modernizó la red ferroviaria y se construyeron autopistas, carreteras y caminos rurales. Se avanzó en la electrificación del país. Se realizaron fuertes inversiones en desarrollo de recursos humanos, particularmente en los sectores de salud, educación, cultura y deporte. El elevado contenido social de la política económica permitió avances sustanciales en los servicios básicos a la población, así como la formación de recursos laborales con calificaciones crecientes.