La industria de concesiones de obras públicas en Chile, que ha
modernizado la infraestructura nacional, presenta problemas que hacen
necesario modificar su normativa. El principal es el tratamiento de los
numerosos convenios complementarios. Actualmente las renegociaciones
no se construyen sobre un modelo de eficiencia económica, pueden
afectar el interés fiscal y dan lugar a comportamientos oportunistas,
lo que afecta la eficacia de la licitación. La regulación, que fija la
remuneración del inversionista cuando no es posible licitar nuevamente
la obra, se ajusta más a la teoría económica y es más adecuada para
determinar el valor económico del proyecto modificado. La licitación no
sustituye a la regulación, sino que, por la naturaleza incompleta de los
contratos, ambas son mecanismos complementarios para incorporar la
inversión privada a las tareas públicas.