Desde hace ya más de una década, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acompaña el progreso de las políticas públicas con enfoque de género. Fiel a su mandato, la CEPAL ha propuesto un marco de desarrollo basado en los derechos humanos, con el fin de producir sinergias positivas entre el crecimiento económico y la equidad social en el contexto de la modernización productiva.
En los últimos tiempos, la CEPAL ha planteado universalizar y mejorar la protección social; se trata fundamentalmente de establecer un pacto fiscal y social que permita el acceso a los sistemas de protección social y su financiamiento en un marco de solidaridad.
En ese contexto, El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe vuelve más visibles dos temas clave en la estructuración de la desigualdad entre mujeres y hombres: por una parte, la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles y, por otra, la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado.
Como evidencia del progreso logrado, en la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se analizará el tema de la paridad como un horizonte democrático posible. Mientras todos los países de la región muestran una amplia participación de las mujeres a lo largo de su historia política, y sobre todo durante los últimos veinte años, las cifras de representación femenina en los parlamentos y los poderes ejecutivos revelan el desafío que deben encarar las élites políticas de la región para realzar el equilibrio de género. El surgimiento de liderazgos femeninos en la región, el comportamiento electoral crecientemente autónomo de las mujeres y el voto femenino a favor de las mujeres constituyen parte del nuevo escenario democrático. La paridad es uno de los símbolos de las nuevas democracias, que se presenta como un recurso ético para fortalecer la legitimidad de las instituciones democráticas.
En la primera parte del presente documento se demuestra con datos concluyentes que las mujeres, que constituyen la mitad de la población, están mínimamente representadas en la mayoría de los parlamentos. Brechas similares se advierten en los otros poderes del Estado y, en general, en los ámbitos de toma de decisiones. Mientras el derecho a voto fue conquistado a lo largo de tres décadas, entre los años veinte y sesenta del siglo pasado, el derecho a que las mujeres sean efectivamente electas tardó casi cincuenta años en consagrarse y recién a partir de los últimos años del siglo XX se puede advertir un incremento significativo de mujeres electas, en gran parte gracias a medidas de acción positiva, entre otras de cuotas, que afortunadamente se están generalizando. En todos los países que han adoptado ley de cuotas estas han tenido efectos positivos, como lo demuestra el hecho de que en algunos el porcentaje de mujeres electas ascienda a alrededor del 40%. Sin embargo, diferentes estudios muestran que, además de las reformas de los sistemas electorales, es necesario modificar numerosos aspectos de la cultura política que provocan sesgos discriminatorios, tales como el acceso inequitativo al financiamiento, la influencia desigual de las redes sociales y el uso injusto del tiempo que, como se demuestra en la segunda parte de este estudio, exige a las mujeres centrar su atención en las labores reproductivas.
En la región, el ingreso laboral de las mujeres equivale al 70% del ingreso de los hombres. A pesar de esa desventaja, el aporte femenino es fundamental para mitigar la pobreza, tanto si las mujeres perciben ingresos monetarios como si hacen un aporte no remunerado al hogar, aporte que se transforma en un impuesto "reproductivo", que permite un ahorro en gastos de salud, cuidado de los niños y de sus integrantes de la tercera edad, por citar solo los ejemplos más claros. Ese aporte de las mujeres al bienestar se convierte, como demuestra este estudio, en el origen de las desventajas que enfrentan las mujeres en su inserción laboral y, por lo tanto, para disponer de autonomía económica. La situación es aún más grave en el caso de las mujeres que, además, tienen parejas y niños pequeños a los que deben cuidar, para lo cual deben postergar su capacitación y su acceso al mundo laboral y, por lo tanto, renunciar a la protección social que este trae aparejada.
Si se observan los resultados obtenidos en cinco países de la región, se comprueba que los varones dedican casi el mismo número de horas al trabajo doméstico no remunerado, independientemente de que haya o no un "ama de casa". En cambio, para las mujeres de esos mismos hogares hay una diferencia importante: el hecho de que otra persona realice las labores domésticas reduce ostensiblemente el tiempo que ellas le dedican. Todas las mujeres, independientemente de su inserción en el mercado laboral, consagran una proporción importante de su tiempo al cuidado, por lo que la categoría de "inactivas" aplicada a las amas de casa es evidentemente inadecuada.
La dificultad de una inserción beneficiosa en el mercado laboral se extiende a la vida ciudadana y al mundo de la política en los que, como se ha comentado, a pesar de los avances de la última década, las mujeres han logrado una representación minoritaria en el parlamento, el poder ejecutivo y otros poderes del estado.
Este documento pone en evidencia las posibilidades de generar círculos virtuosos que favorezcan el acceso universal a la protección social, siempre y cuando se ejecuten políticas que promuevan la igualdad en el mercado de trabajo, la familia y la política. Queremos destacar el esfuerzo hecho por varios países en esa dirección.
La información disponible indica que solo a través de medidas explícitamente orientadas a lograr la igualdad en las esferas pública y la privada se podrán alcanzar los objetivos del Milenio y, particularmente, el objetivo 3 relativo a promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
En El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe se proponen políticas activas para eliminar los obstáculos que impiden el acceso equitativo al mercado de trabajo, especialmente los derivados de la división sexual del trabajo, consagrados por la costumbre y por las frecuentes prácticas discriminatorias en el mercado laboral. La necesidad de políticas que fomenten la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres por el cuidado de los miembros del hogar, especialmente de niños y niñas, así como la necesidad de una mayor acción pública (estatal y empresarial) con miras a facilitar el cuidado de enfermos, adultos mayores y discapacitados, son conclusiones que surgen de la amplia evidencia cuantitativa y del análisis realizado a partir de ella.
Por último, quisiéramos destacar que este documento se inscribe en una larga tradición de la CEPAL de impulsar una auténtica igualdad de género como parte del objetivo de reducir la inequidad en los distintos ámbitos de la vida económica, social y política de nuestra región.
eclac.cl 