Integración social en Centroamérica. Situación al 2012, tendencias y propuestas

El proceso de integración social centroamericano fue planteado hace varios años como objetivo regional, sin embargo, a la fecha de generación del presente documento, la materialización de dicho proceso no ha sido posible por diversas causas. Para entender este bajo nivel de avance y poder hacer un diagnóstico que permita concretar el proceso de la integración social Centroamericana, es necesario tanto realizar un análisis histórico del proceso como disponer de un conocimiento profundo de la realidad social centroamericana. Ambos elementos son centrales en la definición de opciones para lograr la integración social entre los países de Centroamérica mediante estrategias como la adopción de políticas en conjunto y de manera consensuada, que permitan la creación de bienes públicos regionales en las diversas aéreas del desarrollo social como son la educación, salud, vivienda, cuidado infantil y de adultos mayores, empleo, entre otras.

El análisis histórico inicia con el primer acuerdo regional que data del 14 de octubre de 1951 con la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), cuya visión de integración política dio los resultados esperados. Nueve años después, en 1960 se estableció la etapa de Mercado Común, que buscó la integración económica de la región, dando prioridad a los aspectos comerciales. Unas de las críticas a esta iniciativa, fue justamente que no atendió temas de carácter social, ambiental y cultural, dejando afuera incluso, en el ámbito económico, al sector agrícola. Este periodo de Mercado Común Centroamericano duró de 1960 a 1993 donde las acciones fueron dirigidas casi exclusivamente hacia el desarrollo de la integración económica de la región. Posteriormente, y a raíz de la crisis económica y política en la década de los ochentas, en 1991 se suscribió un Protocolo a la carta de la ODECA, en el cual crea al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con la función de articular la integración centroamericana mediante el establecimiento de cinco subsistemas: político, económico, social, ambiental, cultural y educativo. No es sin embargo hasta 1994 cuando se logra la incorporación de la temática social al proceso de integración de manera precisa, ello al firmarse la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES) en 1994.

A pesar de estar establecidos como acuerdos desde 1991 con la creación del Sistema de Integración Centroamericana y la incorporación de un subsistema social en el mismo, así como con la firma del Tratado de la Integración Social Centroamericana (TISCA) en 1995, los avances logrados han sido reducidos y no han podido ser reflejados de manera notable en la implementación práctica de las políticas públicas regionales. Por esta razón, en el 2008 se busco retomar con fuerza la temática al plantarse una Agenda Estratégica Social del Sistema de Integración Centroamericano que permita establecer acciones más concretas para lograr los objetivos planteados.

En general, la consecución de los objetivos de integración social ha sido históricamente complicada debido a diversos obstáculos que se han presentado al tratar de implementar las acciones que permitieran cumplir con los compromisos establecidos. Limitantes debido a conflictos políticos, demasiada amplitud en la visión incorporada a los instrumentos jurídicos, reducida capacidad institucional, la restricción presupuestal y el efecto del Consenso de Washington que hizo que la temática social se relegara a nivel nacional, han dificultado o imposibilitado conseguir mayores avances en los procesos de integración social. A pesar de estas limitantes, se ha dado una participación activa de los países en el proceso de integración centroamericana. Es así que El Salvador es país sede de la mayoría de instituciones regionales, entre ellas: La Secretaría General del SICA (SG-SICA), la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA), la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE) y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), mientras que Guatemala y Nicaragua también albergan algunas instituciones, siendo la ciudad de Guatemala sede de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) así como, el Parlamento Centroamericano, mientras que Managua alberga la sede de uno de los principales órganos del Sistema de la Integración Centroamericana, la Corte Centroamericana de Justicia.

Aun con la participación antes mencionada, existe una gran heterogeneidad entre los países que forman parte de la región Centroamericana, que se refleja en importantes diferencias económicas, políticas y sociales que los sitúan en diferentes niveles de desarrollo y que limitan las posibilidades de integración social. La clave es identificar los puntos comunes y poder, a partir de ellos, definir las estrategias conjuntas de mejora de los diferentes aspectos del desarrollo socioeconómico.

La pobreza en Centroamérica representa desde valores menores al 20 por ciento de la población en el país con menores niveles hasta valores que alcanzan el 60 por ciento de la población en el país más desaventajado, lo que se debe en parte a la mala distribución de la riqueza que se presenta en los países centroamericanos. Existen ventanas comunes de oportunidad para revertir esta situación, pues todos los países de la región plantean tendencias al incremento de la población económicamente activa, lo que para ser aprovechado, plantea el reto económico de lograr la inserción de esta creciente población al mercado laboral, así como garantizar el acceso a los diferentes beneficios sociales.

En el rubro de la educación aún cuando hay importantes avances, existen retos comunes que se centran elevar los niveles de educación promedio, reducir al mínimo el analfabetismo e incrementar las tasas de estudiantes que logran llegar al nivel superior, que actualmente son menores al 10 por ciento. También se requiere poner atención a los problemas de inasistencia escolar, repitencia y deserción escolar como aspectos negativos que deben erradicarse, así como promover el incremento de la cobertura y la calidad de la atención integral a la primera infancia, pues es en las edades tempranas donde el desarrollo infantil temprano permite a los niños elevar sus posibilidades de mejorar sus habilidades y destrezas.

En el tema de salud también se pueden encontrar sinergias y puntos a trabajar de manera coordinada como en el caso de la iniciativa de comprar en bloque medicamentos, que permitan reducir las brechas entre los países. El éxito de políticas públicas implementadas en algunos países para el combate de la desnutrición infantil podría ser aplicado en otros países, definiendo de manera conjunta la homologación de estándares de cobertura de suplementos alimenticios y seguimiento nutricional, así como la compra conjunta de alimentos básicos en momentos de escasez. En cuanto al reto de reducción de la mortalidad y morbilidad de la población, el incremento de la cobertura en materia de atención a la salud a través de la homologación de esquemas de piso básico de salud en la región podría ser una alternativa. Otro importante indicador para determinar el desarrollo económico y social de un país es el déficit habitacional, no solo desde la perspectiva de la falta de posesión de una vivienda, sino de la consideración de que esa vivienda sea digna, es decir que disponga de los elementos básicos para garantizar el bienestar de los individuos. En este sentido, el déficit habitacional en la región puede llegar hasta la mitad de sus hogares. Es por esto necesario el análisis de estrategias conjuntas para la mejora de programas de créditos a la vivienda y en general de los mecanismos para reducir el déficit habitacional en la región.

Todas las estrategias antes descritas debieran enfocarse inicialmente a la atención de grupos prioritarios a ser beneficiarios de la implementación de propuestas de políticas públicas sociales regionales. La identificación geográfica de las zonas de concentración de pobreza, de una mayor prevalencia de problemas de salud como inseguridad alimentaria, desnutrición y anemia, de una menor escolaridad y eficiencia educativa interna, de presencia alta de poblaciones indígenas, o de falta de presencia o sobrepasada capacidad del Estado, son fundamentales para lograr un proceso de integración social con equidad.

El conocimiento profundo de las realidades sociales, así como de la experiencia previa en materia de política, serán fundamentales en el éxito del proceso de relanzamiento de la Integración Social, cuyo claro compromiso es alcanzar los objetivos de integración mediante la convergencia, coordinación y armonización de las políticas sociales entre sí y con las demás políticas del SICA.

A partir de dicho conocimiento se pueden plantear diversas estrategias de implementación de política pública, una de las cuales es la creación de bienes públicos regionales de carácter social en torno a las temáticas de mayor rezago. Históricamente se han planteado algunas estrategias de este tipo como la compra conjunta de medicamentos, y actualmente el diseño de un piso básico de salud y de estrategias de vivienda digna. En este documento se exploran algunas alternativas vinculadas al tema del cuidado infantil, al empleo y la portabilidad de derechos sociales, la homologación curricular de la educación superior en particular la que tiene carácter técnico, así como alternativas como la agilización de los puestos fronterizos en el paso de los transportistas.