La industria extractiva en América Latina y el Caribe y su relación con las minorías étnicas

Dentro del marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se ha venido imponiendo una visión distinta de la relaciones entre las comunidades y los proyectos mineros en las áreas en donde residen los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afro descendientes, haciendo imprescindibles los procesos de información y consulta en la toma de decisiones para la puesta en marcha de los proyectos mineros.

Este documento presenta una selección de experiencias recientes sobre legislación y consulta previa en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina de Naciones: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El caso boliviano describe y analiza los antecedentes del novedoso proceso de acercamiento social del Proyecto Minero San Cristóbal, mostrando cómo la participación comunitaria en la industria minera cambia y optimiza los resultados, los que han sido reconocidos públicamente por los pobladores al referirse al mayor desarrollo alcanzado por el pueblo de San Cristóbal y por el Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) con una mención honorífica especial por su excelencia en gestión social.

Asimismo, se presenta el caso de la Empresa Muriel Mining Corporation en Colombia, el cual es uno de los múltiples ejemplos que han convertido a las consultas previas en procesos complejos, costosos y desgastantes para todos los actores involucrados. Por otra parte, en Perú se estima que existen alrededor de 169 conflictos locales activos, el 71% relacionado con la actividad minera. Como estudio de caso se seleccionó el Proyecto Río Blanco, describiendo la evolución cronológica del proyecto, los actores involucrados y las lecciones aprendidas en el proceso. Finalmente en el caso de Ecuador se presenta el proyecto Junín con una descripción de los conflictos sociales que se presentaron desde la etapa de exploración debido a los inconvenientes generados en el manejo del proyecto.

Finalmente el presente documento llega a la conclusión que los proyectos mineros andinos demandan especial diálogo abierto y objetivo entre las empresas mineras, las comunidades y autoridades locales; esto es una mesa de negociación con información clara, oportuna y veraz. Es evidente que la falta de comunicación entre las empresas mineras y los actores (tanto exógenos como endógenos), conducen a la generación de conflictos que probablemente en la mayoría de los casos podrían evitarse. Por lo tanto, es necesario establecer una política clara de información hacia las comunidades basada en principios de transparencia y responsabilidad, con el fin de construir una propuesta que beneficie tanto a la empresa como a la comunidad incluyendo sus autoridades locales. Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la injerencia de actores externos y en algunos casos internos con intereses sectoriales, ocasionan problemas en la organización y ejecución de las estrategias y acciones previstas para el buen desarrollo de los proyectos de la industria extractiva. En todo lo anterior el rol del Estado es clave para la una buena "gestión del conflicto" por ello se indica una Guía metodológica que espera contribuir a la operacionalización de herramientas como el Convenio 169 de la OIT y otros afines.