Las alianzas público-privadas en energías renovables en América Latina y el Caribe

La versatilidad de la electricidad, que puede ser transformada en calor, luz o movimiento mecánico, la hace una forma de energía muy valiosa. Es así que la electricidad puede ser utilizada para iluminar una casa, cocinar alimentos o hacer mover maquinas para procesos productivos. El acceso a la electricidad es por lo tanto crucial para el desarrollo humano y económico.

Entre los años 80 y 90s la región de América Latina y el Caribe atravesó un proceso de reformación importante de su sector eléctrico. En dicho proceso, la mayoría de los países de la región privatizaron parte o la totalidad de dicho sector que históricamente estuvo en manos del estado. De esta manera, las empresas privadas quedaron, en gran parte, a cargo de la generación, transmisión y distribución de la electricidad mientras que el gobierno se convirtió en regulador del sector a través de instituciones creadas específicamente con este fin. En líneas generales, este proceso y modelo fue en cierto modo exitoso y llevó a un mejoramiento del servicio. En la mayoría de los casos, este modelo se mantiene hasta hoy.

En el periodo 2003-2008, la región latinoamericana alcanzo un crecimiento económico anual promedio de casi 5%. Además, los países latinoamericanos han logrado resistir a la crisis económica y financiera mundial con mayor éxito que otras regiones del mundo y están mostrando signos de recuperación relativamente más rápidos. La OECD prevé que para el 2012 la región tendrá un crecimiento económico promedio de 4,1%. El crecimiento económico de los países lleva asociado el incremento en la demanda energética en la mayoría de sus formas, incluyendo la electricidad.

Si bien la región tiene una fuerte componente hídrica en su matriz energética, los combustibles fósiles son utilizados para generar casi la mitad de la demanda eléctrica de la región causando gases de efecto invernadero y, en algunos casos, representando un costo elevado e impredecible de la electricidad. Entre las fuentes renovables resalta la ya mencionada hidroeléctrica, mientras que las no convencionales ocupan aun hoy un lugar marginal en la matriz eléctrica de la región.

El elevado costo de inversión y mantenimiento, la complejidad en la construcción y retornos económicos no siempre altos que generalmente caracteriza los proyectos en energía renovable, plantean un desafío importante para el desarrollo de estos proyectos y la penetración de dicha tecnología en la región. Es por lo tanto necesario explorar mecanismos que puedan ayudar a superar este desafío, particularmente en la fase de financiamiento. Una forma de reducir la brecha de financiamiento es incorporando capitales privados a través de las asociaciones público-privadas (PPP, por sus siglas en inglés).

Durante el proceso de privatización de la década de los 80 y 90, muchos países Latinoamericanos buscaron la participación del sector privado con el fin de incrementar la inversión en infraestructura controlando la deuda pública, así como para deshacer la verticalidad de los servicios e incrementar la eficiencia en la gestión. La privatización fue exitosa en aquellas áreas donde el sector público tuvo un fuerte marco normativo y donde se diseñaron proyectos sólidos y transparentes. En otros casos, la privatización tuvo menos éxito lo que se vio reflejado en renegociaciones frecuentes y conflictos entre las partes. A través del proceso de privatización, el estado cambió de rol pasando de ser un proveedor tradicional de bienes públicos a ser regulador del mercado.

Tradicionalmente, las Asociaciones Público-Privadas (Public-Private Partnerships, PPP] se definieron como un contrato legalmente vinculante entre gobierno y empresas privadas para la prestación de bienes y servicios, delegando las responsabilidades y riesgos mayormente al socio privado.

Actualmente, sin embargo, las PPP se están volcando a un modelo en donde los sectores público y privado se involucran en el proyecto durante todas las fases: construcción, financiación y operación, haciéndolo así más atractivo para el sector privado ya que los riesgos son también asumidos por el gobierno.

Un gran desafío para la región es lograr un desarrollo sustentable combinando crecimiento económico, seguridad energética, bienestar de las personas y cuidado por el medio ambiente. La seguridad energética se está volviendo un tema crucial en las agendas de políticas internas y externas debido al cambio climático y a la fluctuación de los precios del petróleo que impacta principalmente a los países en vías de desarrollo. Las energías renovables pueden reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en la generación de electricidad como así también la dependencia de combustibles importados. Varios países de la región, particularmente en América del Sur, han puesto en marcha programas para fomentar el uso de energías renovables no convencionales en la producción de electricidad.

La mayoría de estos programas están en fase de implementación aunque se pueden identificar ya algunos aspectos a mejorar como el acceso al crédito, y la transparencia y facilidad en los procesos. Dichos programas tienen en común la participación del estado como regulador y promotor, y en algunos casos, también  como  garante y proveedor de financiamiento; mientras que el sector privado cumple un rol primordial en la realización y operación de la obra.

Este modelo de asociación entre el sector público y privado parece estar dando resultados positivos en la promoción de las energías renovables no convencionales mostrando un significativo incremento de las mismas a partir de la implementación de dichos programas a inicios de la última década.

Este informe intenta destacar la importancia de la participación privada para incrementar el uso de energías renovables no convencionales en proyectos de mediana y gran magnitud, generalmente conectados a una red nacional de distribución. Para tal fin, se hace una breve explicación de la segmentación del mercado eléctrico en algunos países-target (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay), y se identifican a los actores principales del sector eléctrico. Así mismo, se mencionan los aspectos ambientales y sociales relevantes a la energía eléctrica, particularmente el cambio climático y el acceso a la electricidad, destacando el rol clave que las energías renovables pueden jugar en dichos aspectos.

Seguidamente se presenta una sección dedicada a las PPP incluyendo estudios de caso de los programas que se están realizando en la región para promover las energías renovables no convencionales, como así también de emprendimientos concretos que tienen en común la participación pública y privada. Adicionalmente, se hace una breve reseña sobre las mejores prácticas para el desarrollo de PPP, culminando con una sección de discusión y conclusiones finales.

La investigación de este informe se llevó a cabo mediante la recolección de información accesible públicamente, así como a través de encuestas y entrevistas realizadas a personas claves dentro de los entes gubernamentales encargados del sector eléctrico de 13 países de América Latina y el Caribe, que fueron identificadas e inicialmente contactadas por la CEPAL.