El documento describe la situación de la población vulnerable en casos específicos de América Latina según las peticiones a los Estados de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. El primer caso corresponde a la población de inmigrantes peruanos en Chile que muestra una característica de feminización de los flujos de inmigración y junto con ello una notoria segmentación laboral, concentrada en los servicios domésticos y de cuidado. En otras palabras, en actividades de reproducción social. Se destaca en este contexto la ausencia en Chile de una Política de Inmigración que gestione la integración de los inmigrantes en el país. El segundo caso es sobre los desplazamientos forzados en Colombia, producto del conflicto armado interno. Aquí se aprecia una dinámica compleja de la población que experimenta el desplazamiento, por cuanto presenta por una parte, un desplazamiento interno diversificado dentro del país y por otra parte, hacia los países vecinos, especialmente en el marco de la regionalización del conflicto. Cabe señalar que las políticas públicas referidas a la población desplazada fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional y el Gobierno de Colombia definió un Plan de Desarrollo denominado "Hacia el Estado comunitario". El tercer caso se refiere a la discriminación de la población haitiana enferma con VIH/SIDA, enfermedad que provocó una ofensa internacional al pueblo haitiano y lo hizo víctima de tratos vejatorios por parte de la política de inmigración de Estados Unidos. Asimismo relata la profundidad de la cultura de la discriminación en Haití en contra de aquellos que poseen la enfermedad y expone la creciente feminización de la misma. La debilidad de políticas públicas de salud en Haití, ha hecho necesario la intervención de la comunidad internacional y se destaca la presencia de organizaciones no gubernamentales, en especial de la Cruz Roja internacional y del sector privado interno impulsado por organismos económicos, y financieros internacionales así como por fundaciones de países desarrollados. Por último, el documento expone en primer lugar, la preocupación por la situación de los niños y niñas como población de vulnerabilidad extrema en América Latina y el Caribe, expuestos a la trata de menores y por ende a su explotación sexual y laboral y como impulso para futuros estudios y proyectos en el marco de los desafíos de las Naciones Unidas. En segundo lugar esboza los lineamientos actuales de las políticas de integración social de acuerdo a los boletines del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, considerando los artículos pertinentes de la Conferencia Mundial, en especial el artículo 105 de la Declaración que "inspirada en los principios enunciados en la Declaración del Milenio y en el reconocimiento de que tenemos la responsabilidad colectiva de defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad y de garantizar que los pueblos del mundo, la comunidad internacional se compromete a trabajar en pro de la beneficiosa integración de los países en desarrollo en la economía mundial y a combatir su marginación determinada a lograr el crecimiento económico acelerado y el desarrollo sostenible y a erradicar la pobreza, la desigualdad y las privaciones" (Conferencia de Durban, 2002).