La política fiscal para el afianzamiento de las democracias en América Latina:Reflexiones a partir de una serie de estudios de caso

El último cuarto del siglo XX fue escenario de un replanteamiento del modelo de desarrollo económico y de las formas institucionales que, durante los años de posguerra, habían cimentado un sostenido proceso de progreso económico y social en el mundo desarrollado. En América Latina y el Caribe esta reformulación tuvo que ser encarada de manera simultánea con el estallido de la crisis de la deuda, que dejó a los gobiernos de la región escasos márgenes de maniobra para enfrentarla. Así, aunque los años ochenta se caracterizaron por el comienzo de la recuperación de la democracia en la región, los magros resultados económicos han hecho que ese período se conociera como la “década perdida”.

En la actualidad, la democracia se considera como el mejor régimen político en la región. De hecho, pese a algunos tropiezos, América Latina ha vivido el periodo más prolongado de regímenes democráticos y designación de autoridades mediante elecciones. No obstante, los avances en materia de derechos civiles no se han acompañado de las mejoras necesarias en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La legitimación de la democracia como la mejor manera de buscar avances en el bienestar de la población y la cohesión social continúa planteando desafíos.

La búsqueda de una sociedad más cohesionada e integrada territorialmente, con pleno acceso a los servicios sociales para toda la población, es aún una asignatura pendiente. La gran mayoría de los países de América Latina debe enfrentar altos niveles de pobreza y desigualdad, lo que plantea fuertes tensiones entre la expansión de la democracia y la economía, la búsqueda de la equidad y la superación de la pobreza. En el documento Nuestra Democracia, elaborado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA), se sostiene que es necesario impulsar una nueva ola de democratización para redistribuir y reorganizar el poder con el objetivo de ampliar la ciudadanía política y social.

Esta situación plantea importantes retos para la región, en un contexto en el cual han quedado en evidencia las falencias de la visión que confiaba al mercado la solución de los problemas relacionados con el crecimiento y la distribución de sus frutos. Así, se ha generado un nuevo espacio para repensar el papel de los Estados en el desarrollo económico y el bienestar general, que pone de manifiesto la necesidad de retomar los debates acerca del papel de las políticas públicas en el marco del afianzamiento de la democracia en los países de la región.

De este modo, se han repasado las líneas fundamentales de reforma en las políticas públicas de cara a una sociedad más igualitaria. Debido a la particularidad de cada área de trabajo y a la individualidad de cada caso, la búsqueda de una efectiva promoción de valores igualitarios y de cohesión social no debe limitarse a la discusión sobre las orientaciones generales de la política de reforma, sino que debe adentrarse en las posibilidades efectivas de lograr mejoras en el impacto de las políticas de una manera específica para cada una de las situaciones.

En definitiva, esta publicación nos enseña que la agenda de reformas es sumamente compleja y presenta diversos ejes que no siempre son complementarios. Existen grandes disparidades económicas y sociales entre los países de América Latina y el Caribe, por lo que las prioridades deberán definirse en función de las necesidades específicas de cada caso y las posibilidades efectivas de realización. Sin embargo, parece indudable que dichos objetivos no podrán alcanzarse sin una fuerte presencia estatal que permita avanzar hacia el logro de sociedades más democráticas y más igualitarias.