Un Futuro Económico para Colombia

Introducción

Colombia se ha venido hundiendo en un mar de pesimismo. Al peso de un conflicto interno (o mejor, de varios conflictos) que no encuentra salidas pacíficas, pese a esfuerzos de negociación impulsados por los últimos cinco Presidentes de la República y por diversas organizaciones de la sociedad civil, y a los efectos acumulados de la enorme degradación que ha generado el narcotráfico en las formas de los conflictos y en la sociedad colombiana en general, se unió en años recientes la peor crisis económica desde los años treinta. Ante esta realidad, nos hemos inmerso en una catarsis colectiva, en múltiples formas de polarización y en esfuerzos inquisidores desconocidos en varias décadas de vida nacional.

La conjunción de viejos y nuevos problemas, algunos similares a los que enfrentan otros países latinoamericanos -las excesivas desigualdades sociales, la incapacidad de los sistemas políticos de canalizar las demandas sociales, la falta de conciencia de "lo público" y otros más específicamente colombianos -el peso del narcotráfico y la fragmentación del poder sin mecanismos apropiados de gobemabilidad democrática-, explica por qué la convivencia se ha erosionado hasta llegar a las fronteras de nuestra inviabilidad como sociedad. La crisis económica revela, asimismo, elementos comunes con otros países -patrones de manejo económico que reproducen en vez de corregir la excesiva vulnerabilidad frente a los ciclos de financiamiento externo y un ajuste insuficiente ante la apertura económica- y otros más específicamente nuestros (al menos en épocas recientes) -la crisis de crecimiento del Estado-.

Al mismo tiempo, nuestra sociedad y nuestra economía tienen, sin duda, reservas importantes para enfrentar los inmensos desafíos actuales. Nuestra diversidad, que hoy aparece como un obstáculo para la convivencia, es, al mismo tiempo, la fuente de nuestra riqueza democrática, que se expresa en la fuerte tradición republicana y en la capacidad para abrir nuevos canales democráticos en nuestra reciente carta política. En cierto sentido, no es la falta sino el desbordamiento de la vitalidad nacional, íntimamente asociada a la diversidad, lo que explica nuestra situación actual y de ella debemos nutrirnos para encontrar los elementos para avanzar. Los avances, ciertamente desiguales y ahora en riesgo, que logramos en materia social en la década de los noventa -la ampliación de la cobertura educativa, de la seguridad social y de los servicios públicos- demuestran que la apuesta de la Constitución de 1991 a una mayor presencia del Estado como instrumento para corregir los rezagos sociales, aunque debe ser más integral y sostenible, puede dar frutos en períodos breves.

De hecho, los años noventa deben ser vistos en Colombia como un intento por cambiar el rumbo, combinando los esfuerzos por poner a tono nuestra economía con el proceso de globalización, con acciones orientadas a extender los servicios sociales a grupos más amplios y a profundizar nuestra democracia. Visto como un todo, este fue un experimento ambicioso, que respondía, además, al reto central que enfrentan todas las sociedades de hoy: cómo hacer compatible la modernización económica, en la era de la globalización, con equidad social y democracia. Sin embargo, corno muchos países, y quizás el mundo entero, hemos enfrentado serias dificultades para conciliar estos múltiples objetivos.

La solución a la crisis que enfrentamos no consiste, por lo tanto, en eliminar alguno de los elementos de este complejo reto, sino en encontrar la forma de hacerlos compatibles. En este sentido, los desafíos que enfrentamos a comienzos del siglo XXI no son muy diferentes de los que se plantearon hace una década, y que han resultado tan esquivos hasta ahora. Sin embargo, en la medida en que las redes de cohesión social se han venido erosionando a un ritmo acelerado, habrá que agregar esfuerzos adicionales orientados a reconstruir dichas redes, a "formar sociedad". Y, todavía más, todo ello no será posible sin lograr avances sustanciales en la lucha contra el narcotráfico, en estrecha colaboración con la comunidad internacional.

El propósito de este ensayo es, por lo tanto, contribuir al debate de cómo hacer compatibles desarrollo económico, equidad y democracia en la Colombia de hoy. Este es, sin duda, un reto complejo, pero tenemos los medios para enfrentarlo y de nuestra capacidad para hacerlo depende nuestro futuro como sociedad.

José Antonio Ocampo
Secretario Ejecutivo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL).