La CEPAL propone que el derecho a la eficiencia energética sea considerado como uno de los derechos de los ciudadanos. Esta propuesta se ampara en los dispositivos constitucionales de la mayoría de los países de la región que señalan expresamente que los ciudadanos tienen derecho a vivir en un medio ambiente que no afecte su desarrollo como seres humanos.

Esta propuesta fue presentada por el Director de la División de Recursos Naturales e Infraestructura Sr. Fernando Sánchez-Albavera quien intervino en el panel sobre "Diversificación y ahorro de los recursos energéticos" del  Taller Regional del Cono Sur sobre Energía Sostenible, Cooperación e Integración Energética, celebrado en Santiago de Chile, el viernes  11 de Julio de 2008.

Desde el punto de vista de la oferta, el  "derecho a la eficiencia energética" implica que los ciudadanos tienen derecho a que los operadores empresariales hagan un uso racional de las fuentes de energía, reduciendo al mínimo su impacto sobre el medio ambiente en que viven los ciudadanos y sobre el patrimonio natural, lo que supone un manejo eficaz de lfas externalidades para reducir las emisiones contaminantes y sobre todo para evitar que se vea perjudicada la biodiversidad. Por el lado de la demanda los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a satisfacer sus necesidades energéticas de acuerdo a técnicas y procedimientos racionales. Esto supone que los distribuidores de energía no pueden obtener beneficios de su falta de información, lo que podría ocurrir por ejemplo si en sus domicilios tienen pérdidas de energía, lo que estaría aumentando su consumo y por ende afectando su presupuesto familiar. Asimismo, deben ser informados sobre el consumo de energía que tienen los artefactos que se usan en los domicilios y que contribuyen a su calidad de vida. Para estos efectos debe generalizarse el etiquetado energético y cartillas de información para que los consumidores compren cualquier artefacto concientes de lo que significará el gasto monetario en que incurrirán por su uso.

Siendo las fuentes energéticas bienes públicos y dado que el consumo energético incide sobre la integridad del patrimonio natural y considerando a su vez que la energía genera externalidades que afectan al conjunto de la sociedad se plantea que al considerar la eficiencia energética como un derecho de los ciudadanos se garantiza que tanto el diseño de la oferta energética como la gestión de la demanda sean compatibles con los propósitos del desarrollo sostenible que busca alcanzar logros positivos y simultáneos en crecimiento, equidad social y protección del medio ambiente.

Más abajo podrá consultar la presentación del Sr. Sánchez-Albavera.