CEPAL - cooperacion

Antecedentes/ Details

Resumen / Abstract / Résumé:

Este componente tiene por objetivo analizar las diferentes formas que tiene la política pública para alcanzar un mayor y mejor crecimiento económico, lo que implica evaluar el costo, la efectividad y los efectos producidos por las diferentes políticas para incentivar una mayor inversión física y social, junto con avanzar en definiciones y metodologías homogéneas para así contribuir a dotar de mayor transparencia a la política fiscal. Si bien históricamente las economías de América Latina se han caracterizado por su crecimiento bajo y volátil, en el período que va desde 2003 a 2008 han registrado un repunte en su desempeño a través de una mejora en varios indicadores, entre los que sobresalen el nivel de actividad y la tasa de inversión. Adicionalmente, la mejora macroeconómica de ese período permitió a la mayoría de los países de la región crecer mejor, con aumento en el empleo, caída en la pobreza y mejora en los indicadores de desigualdad. No obstante, esta recuperación está lejos del crecimiento logrado en décadas anteriores y es mucho menor que el observado en otras regiones del mundo, mostrando que el nivel de inversión de los países de la región aun resulta insuficiente para asegurar un crecimiento sostenible. Por otro lado, más allá de la mejora en los indicadores sociales en el último período, la región sigue registrando altísimos guarismos en términos de desigualdad, pobreza e indigencia. De aquí la importancia de analizar cuál es el rol que tienen que llevar adelante las políticas públicas en general y la fiscal en particular para incentivar un mayor nivel de crecimiento y la mejora de los indicadores sociales de la región. Un prerrequisito fundamental de estas políticas son aquellas medidas que mejoren la estabilidad de nuestras economías, ya que la inestabilidad política o económica y los shocks financieros inesperados, por un lado, aumentan el grado de incertidumbre y desalientan la ejecución de proyectos, por lo que la alta volatilidad afecta la inversión y, por el otro, tienen un alto impacto distributivo, ya que son los sectores más pobres los que sufren los mayores costos de la inestabilidad. Esto adquiere particular relevancia en el actual contexto después de la crisis económica global, donde varios países han recurrido a diversas medidas para estimular la inversión y compensar el impacto de la crisis sobre los más vulnerables. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para que la región pueda crecer más y repartir mejor, pero debe entenderse a la estabilización de manera amplia como un objetivo que vaya más allá de asegurar una inflación baja y estable y contemple, asimismo, la necesidad de reducir la inestabilidad real. Una importante lección emergente de esta crisis es la relevancia de que el diseño de la política macroeconómica contemple la necesidad de enfrentar las fluctuaciones asociadas a los ciclos económicos, evitando una excesiva variabilidad del nivel y de la calidad de los servicios que presta el Estado. La posibilidad inédita en la historia de América Latina de poder llevar adelante estrategias de compensación de los efectos de la crisis realza la importancia de contar con la capacidad para implementar una administración macroeconómica contracíclica. Se trata, por otra parte, de un instrumento particularmente relevante para los grupos de menores recursos, cuya capacidad de gasto está restringida por su baja capacidad de ahorro y su limitado acceso al mercado financiero. En relación con la política fiscal de la región, presenta tres características estructurales: significativa volatilidad, alta prociclicidad y poca solvencia. Esto hace que los sectores públicos de la región tengan serias dificultades para llevar adelante dos de sus funciones más sensibles: aquellas relacionadas con la estabilidad macroeconómica y la distribución del ingreso. Por el lado de los recursos fiscales, la realidad de América Latina, y en especial de México y la mayoría de los países de Centroamérica, es que se recauda poco y además se recauda mal. Los gobiernos de la región deben no solo enfrentar el desafío de incrementar la cantidad de recursos que se recauden sino también mejorar su incidencia sobre la distribución del ingreso aumentando la carga sobre los sectores más favorecidos. Pero, además, se espera que la estructura del gasto financiado con esos recursos pueda contribuir a la construcción de sociedades más cohesionadas, aumentando así la legitimidad de las políticas públicas y, por tanto, del pago de impuestos destinados a financiarlas. En sociedades tan desiguales como las latinoamericanas, no basta con la política redistributiva que pueda hacerse a partir del gasto público sino que resulta importante el rol que juegan los sistemas impositivos. En términos generales, la política tributaria tiene dos maneras de influir en la distribución del ingreso. En primer lugar a través del nivel de los ingresos fiscales que pueden destinarse para el financiamiento del gasto social y, en segundo, de acuerdo con la composición de la estructura tributaria. Pero, además, las demandas de más gasto público no se circunscriben al área social sino que pueden incluir otras áreas que, como la inversión pública, tienen una incidencia importante sobre la competitividad y sobre la definición del perfil productivo y, por lo tanto sobre la tasa de crecimiento y la manera en que se reparten sus frutos. Asimismo, un aspecto importante concerniente a la relación entre política fiscal e inversión, se refiere al rol del sector público y el uso del esquema de impuestos y subsidios como herramienta para influenciar la inversión a través de incentivos fiscales. No obstante, la cuantificación de este tipo de medidas no siempre es transparente y la definición de una metodología de cálculo común no está exenta de controversias.

Objetivos / Objectives / Objectifs:

Perfeccionar las políticas y estrategias de desarrollo sostenible en los países de América Latina y el Caribe, orientadas a crecer para igualar e igualar para crecer

Resultados / Results / Résultats:

Aumento de la capacidad de los encargados de la formulación de políticas de América Latina y el Caribe para diseñar y aplicar políticas fiscales destinadas a promover el crecimiento economico y la inclusión social